jueves, febrero 09, 2017

Sectores sociales críticos al Gobierno como el magisterio paceño, el Consejo Departamental de La Paz (Codelpa), regantes, un grupo de campesinos Túpac Katari, médicos y trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS) firmaron ayer un pacto de unidad con el fin de defender los derechos de los trabajadores ante una Central Obrera Boliviana (COB) alineada al Ejecutivo. El secretario ejecutivo de maestros urbanos de La Paz, profesor Severo Apaza, dijo en conferencia de prensa que es imprescindible que todos los sectores se unan para hacer un frente común a la “arremetida del gobierno de Evo Morales”. “Los trabajadores vamos a unirnos desde las bases en defensa de nuestra conquistas laborales y profesionales, en defensa de nuestra Caja, en defensa de nuestros aportes, en defensa de la estabilidad laboral, reivindicando el salario que cubre todas las necesidades que tenemos los trabajadores, ahora más que nunca reivindicamos una jubilación al 100 por ciento”, sostuvo, de acuerdo al reporte de radio Fides. Según el dirigente, si el Estado y el Gobierno quieren fomentar los créditos debe estatizar la banca privada pues “los más felices, con la política de Gobierno, son los banqueros que han amasado fortunas a costa del desempleo, de la desocupación y bajos salarios”. Además, los representantes de estos sectores repudiaron la actitud de los dirigentes y del ejecutivo de la COB, Guido Mitma, por lanzar discursos radicales contra el Ejecutivo y luego bailar en actos públicos al lado del presidente Evo Morales. “Ahora pretenden utilizar a la COB para fines mezquinos. Es una actitud descarada de los dirigentes de la COB, los trabajadores por principio mantenemos la independencia sindical; el Estado y el Gobierno tienen la obligación de atender nuestras demandas sin ninguna condición, sin ningún chantaje, si algún dirigente se presta a esto está haciendo una jugarreta y es un traidor”, sostuvo. El secretario Ejecutivo de la COB, Guido Mitma, dijo el martes que espera una respuesta a los tres puntos planteados por su organización para apoyar la campaña de repostulación de Evo Morales.

Transportes Aéreos Militares (TAM), con 72 años de servicio a la aeronavegación militar en el país, tiene menos de 150 días para tramitar una certificación ante la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil que le permita operar como empresa comercial pública.

Empero, TAM no tiene fondos suficientes para encarar la inversión que requerirá la adquisición o, cuando menos, el alquiler de una nave para iniciar sus operaciones como empresa comercial, que tendría que estar sujeta a las regulaciones de la aeronáutica civil.

REQUISITO MÍNIMO

Al presente, ninguna de las naves que presta servicios a las Fuerzas Armadas podrá ser transferida para que desarrolle vuelos comerciales, por lo que el alquiler de una aeronave bajo la modalidad de leasing operativo o financiero es imperativa, para poder cumplir los requisitos mínimos advirtió en varios medios de comunicación el gerente del TAM, general, Julio César Villarroel.

DECRETO

El Gobierno, mediante decreto, amplió hasta junio próximo el plazo para que Transporte Aéreo Militar (TAM) certifique ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y pase a ser una empresa pública. En este tiempo, la entidad de las Fuerzas Armadas busca una aeronave en condiciones para lograr completar este trámite.

BÚSQUEDA

Villarroel precisó que la empresa está buscando una aeronave Boeing 737-300, de modo que pueda cumplir los requisitos para ser certificada en el ámbito comercial.

En diciembre del año pasado, el Gobierno otorgó al TAM plazo hasta el 30 de enero para completar su certificación, pero Villarroel indicó que en este tiempo no pudo completarse las cinco fases del trámite en Aeronáutica Civil. El gerente reveló que la falta del avión nuevo es la causa de la postergación.

ANUNCIO

Este 1 de febrero, el Gobierno otorgó al TAM otro plazo de 150 días, hasta el 30 de junio, para completar el proceso. Villarroel anunció que desde el 1 de julio, el Transporte Aéreo Militar comenzaría a funcionar como empresa pública, con su primera nave certificada.

Señaló que hay una comisión en Estados Unidos para analizar dos opciones de aeronave y elegir la mejor opción. Una nave Boeing costaría entre 4 y 5 millones de dólares y se financiaría mediante leasing, (alquiler con opción a compra).

COSTOS

Villarroel aclaró que las demás aeronaves que actualmente utiliza el TAM también son certificables, pero este proceso sería muy costoso, por los cual se decidió adquirir una nueva y desechó la idea de transferir las naves en operación a la empresa comercial.

Sin embargo, dijo que con posterioridad se hará un análisis de los actuales aviones del TAM, para determinar cuáles pasarían al trámite ante Aeronáutica Civil.

En cuanto al personal del TAM, señaló que al momento trabajan en la empresa unos 350 funcionarios y que corresponde al personal con altos niveles técnicos y formación profesional. Villarroel dijo que debido al proceso de transición, actualmente, la empresa atiende trece destinos.

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