L a Contraloría General del Estado (CGE) desestimó realizar auditorías al contrato suscrito entre la estatal Boliviana de Aviación (BoA) y la empresa AIR Catering SRL, de propiedad de Silvana del Castillo Tejada, cuñada del vicepresidente Álvaro García Linera.
El 31 de marzo, Unidad Nacional (UN) presentó una denuncia ante la Fiscalía de Distrito de Cochabamba, en contra del autor o autores involucrados en el supuesto delito de uso indebido de influencias en el contrato BoA-Catering.
En entrevista con El Día, el subcontralor General, Henry Ara Pérez, dijo que debido a que la denuncia se presentó en el Ministerio Público, la Contraloría no tomará conocimiento del caso ni realizará auditorías de oficio al mencionado contrato.
Las razones. “La Contraloría no investiga, hace auditorías, la investigación es competencia del Ministerio Público. Conocemos (del caso) por los medios de prensa -porque debo aclarar que a la Contraloría no nos llegó ninguna denuncia, ni solicitud de auditoría al respecto- es que la denuncia se envió al Ministerio Público, seguramente tipificaron delitos y esa es la instancia competente”, dijo.
Consultado si la Contraloría realiza de oficio auditorías a los contratos con el Estado con vicios de corrupción respondió “¿De oficio, cómo actuaría, si ya está en la instancia del Ministerio Público y la Contraloría no tiene ninguna competencia?, estaríamos interviniendo (su trabajo). La Contraloría no actúa de oficio a no ser que tengamos una denuncia donde otra instancia no hubiere ingresado”.
Sin embargo señaló que si la Fiscalía le pide apoyo a la Contraloría para la realización de alguna auditoría, se lo analizaría en el marco de sus competencias. “El Ministerio Público tiene las mismas capacidades, para eso tiene el Instituto de Investigaciones Financieras (IDIF) y cuando no puede el IDIF, acuden a nosotros”, dijo. Cuando la Fiscalía se siente incapaz de realizar una auditoría o no tiene tiempo, dijo que se dieron casos en los que se derivó el trabajo a la Contraloría, pero luego los auditores del IDIF anularon el trabajo en base a un peritaje, lo que se constituye en un doble esfuerzo.
Descarta sesgo. Ara Pérez negó que la Contraloría actúe de manera sesgada en contra de gobernadores, alcaldes u otras autoridades que no pertenezcan al Gobierno, “no sé en qué casos (fuimos sesgados), todos los casos fueron remitidos al Ministerio Público, hemos hecho la investigación”.
“Lamentamos que instituciones de prestigio tengan que verse embargadas en sus propósitos y en lo que estipula la norma de transparentar hechos irregulares en instituciones del Estado”, señaló la senadora opositora Marianela Méndez al criticar la inacción de la Contraloría en el caso. Considera que el Gobierno quedaría bien si instituciones de alto rango esclarecen el caso.
Según la Ley
Estatales, bajo el ámbito de la Contraloría
Una vez que se aprobó la Ley de Empresas Públicas (diciembre de 2013), según el Subcontralor, Henry Ara Pérez, la CGE aprobó su reglamentación en la que se indica que todas las empresas estatales serán auditadas financieramente. “La ley ha dado plazo para que se adecúen las empresas a ser controladas (…) se podrá realizar auditorías especiales”, dijo.
Legal sí, ético no. Así definió el vicepresidente, Álvaro Garía Linera, el contrato entre el catering de su cuñada con BoA. El segundo mandatario solicitó la disolución y la aerolínea estatal accedió al pedido y anunció la rescición en el plazo de un mes. El contrato se hizo bajo la modalidad de invitación directa.
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