En un operativo encubierto, el FBI detuvo el fin de semana a Mario Ormachea, subjefe de la Unidad de Transparencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), que se encargó de investigar y acusar al empresario Humberto Roca, exdueño de la desaparecida línea aérea Aerosur, por supuesto enriquecimiento ilícito. El funcionario habría pedido una importante cantidad de dinero para dejar sin efecto el caso, y esto fue rastreado por la defensa de Roca junto a las autoridades de Miami.
Mario Fabricio Ormachea, jefe de la Unidad Anti-Corrupción de Bolivia, fue arrestado in fraganti en Miami, Florida, cuando contaba billetes entregados por el empresario cruceño, ante la “promesa” de dejar las investigaciones en su contra, en una operación solicitada por el abogado de Roca en Estados Unidos, Michael Díaz Jr.
“Le quitaron su negocio por razones políticas, forzándolo a él y a su familia a huir de su país. Él y sus abogados continuaremos luchando para limpiar su nombre y recuperar las pérdidas de la expropiación ilegal de los bienes de Roca por parte del gobierno boliviano”, deploró el abogado en medios internacionales.
Roca fue acérrimo crítico al régimen de Evo Morales y Alvaro García, denunciando el manejo del aparato estatal. Luego de un viaje a Paraguay en 2011 y tras verter declaraciones que fueron consideradas como “racistas” por las autoridades del Ejecutivo, el empresario no pudo retornar al país, perdiendo sus acciones en la empresa aérea. Luego se le instauró un proceso por supuesto enriquecimiento ilícito.
El abogado de Roca en el país, Jorge Valda, complementó detalles en contacto con Erbol. “El FBI tomo conocimiento de la extorsión a través de la denuncia de mi cliente y todos los brazos operativos del FBI actuaron de forma inmediata, deteniendo al acusado en flagrancia delito teniendo el dinero”.
Roca se encuentra en EEUU en calidad de asilado tras recibir ese beneficio por parte del Departamento de Estado que evalúo el caso como político.
Las autoridades salieron a negar cualquier tipo de relación con el supuesto extorsionador. El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, aclaró que los casos son personales y no debe incluirse a la Policía ni menos al Gobierno. Agregó que se desarrollarán las investigaciones correspondientes.
“El policía o el funcionario pub que es encontrado en delictiva deja esa calidad y se convierte en investigado, debe asumir su responsabilidad de manera libre”, declaró dejando entrever que se indagará su labor al interior de la institución verde olivo.
En la noche, en escueta conferencia de prensa, el subcomandante y jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional, general Juan Roberto Albarracín, calificó a Ormachea como “desertor”, deslindando responsabilidad sobre su accionar personal.
“El señor Ormachea abandonó el país sin la resolución administrativa, por tanto es un desertor de la Policía, por tanto, es un desertor de la institución. La Policía Boliviana remitirá a la justicia estos antecedentes para que el señor Ormachea asuma sus responsabilidades individuales por los presuntos delitos de los que se lo acusa”, sentenció el uniformado.
Para el diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM), Fabián Yaksic, el caso Ormachea evidencia que las redes de extorsión aún continúan operando al interior del Gobierno, llegando a traspasar las fronteras. Su acotación tiene como antecedente el caso de la red de extorsión que fue descubierta en diciembre pasado, tras las denuncias del norteamericano Jacob Ostreicher.
“Esto evidencia que esta red de extorsión y de corrupción develada al interior del Ministerio de Gobierno continúa extendiendo sus redes más allá de nuestras fronteras, lo que realmente nos deja preocupados”, manifestó Yaksic.
Sobre los casos de persecución política, el mandatario Evo Morales dijo a los medios gubernamentales que en Bolivia no hay tal figura sino sólo “delincuentes comunes” que escapan a otros países para eludir a la justicia. “So pretexto de persecución política, defienden la corrupción, sin ética”, dijo a poco de entrevistarse con el papa Francisco a quien la oposición remitió una carta denunciando esos hechos que han marcado esta gestión.
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