miércoles, junio 27, 2012

Desahucian el plan de Petty y ATT anuncia juicio por quiebra

La Autoridad de Regulación y Fiscalización en Telecomunicaciones y Transportes (ATT) desahució ayer los planes de salvataje y operaciones presentados por el inversionista William Petty. Además anunció que iniciará el proceso judicial por quiebra fraudulenta contra los accionistas y ejecutivos de la aerolínea privada paralizada desde el mes anterior.

En respuesta, Petty aseguró que respeta la decisión de la ATT y anunció que analizará si presenta otra propuesta. “Respetamos la decisión y eso es todo lo que vamos a decir ahora. Voy a consultar con mis abogados para ver si se hará otro plan, pero por el momento respetamos la decisión del Gobierno”, afirmó.

El director de la ATT, Cliford Paravicini, explicó que el plan para “sacar a flote a la empresa” es inviable porque los 15 millones de dólares comprometidos por el empresario estadounidense durarán para realizar “unos cuantos vuelos” y para sostener las operaciones de la empresa sólo por un mes.

Además, dijo, ese plan no se sustenta porque los ingresos están sobrevaluados y sus costos de operación subvaluados.

Paravicini también sostuvo que Petty no respondió cómo piensa volar a Argentina, considerando que un juez de Salta congeló sus cuentas.

Además, según la autoridad, tampoco demostró un depósito real en una cuenta bancaria sobre el monto que prevé invertir. Esos puntos formaban parte de siete observaciones de la ATT.

Respuesta de Petty

Sin embargo, en su carta de respuesta, el empresario norteamericano asegura que el pago de deudas observadas por la ATT sobre salarios, venta de pasajes, servicios de aeropuertos, entre otros, está considerado en el cronograma de pagos del plan de salvataje.

Sobre su inversión de 15 millones de dólares ofreció presentar una boleta de garantía certificada, como exigió el Ejecutivo.

En su análisis legal, el contrato de riesgo compartido entre los socios de AeroSur y Petty sólo beneficia a este último e imposibilita el cobro de las deudas para el Estado y otros acreedores, que asciende a más de 200 millones de dólares.

“El Estado boliviano protegido por sus administradores, que es el Gobierno actual, no puede permitir que exista un plan de operaciones que no tiene sostenibilidad, que no tiene fondos y no tiene representación legal”, afirmó Paravicini.

Por ello, la autoridad aseguró que se iniciarán las acciones legales contra los actuales directivos por quiebra fraudulenta, para lo que todos los acreedores estatales se pondrán de acuerdo a fin de encaminar ese proceso.

Paravicini recordó que ese juicio se presenta cuando una empresa que era viable y rentable, tal es el caso de AeroSur, no recibe esos ingresos en su flujo de caja y a raíz de ello deja de pagar impuestos y otras obligaciones.

Entre tanto, este 12 de julio vence el plazo otorgado por la ATT para que AeroSur vuelva a volar. Paravicini dijo que si bien en esa fecha no se le quitará inmediatamente su licencia de operaciones, se agota un plazo para perder ese permiso.

Precisó que los actuales ejecutivos de la aerolínea pueden pedir una prórroga del plazo para presentar un nuevo plan de inversiones, pero que éste debe ser real y viable.

Punto de vista
Alberto Bonadona Analista económicoAl Gobierno le interesa más fortalecer a BoA que rescatar a AeroSur. Esto no sólo se ve en que exige cierto monto por las deudas, sino también que en realidad siempre habló de cifras sin presentar y sobre qué correspondían, ni en qué plazo debían ser alcanzadas. La ATT hizo el cálculo de las deudas a ojo de buen cubero y no de manera concienzuda, de tal modo que pueda ser honrada por AeroSur. El Gobierno habló de diferentes montos que se requerían para reactivar la empresa y al final no se sabe exactamente cuál es la cantidad.

El Ejecutivo debería también establecer cuáles son las operaciones específicas de la ATT, qué acciones de supervisión realizará; esto exige que se defina el marco de las acciones de las autoridades, lo que hasta ahora no existe, no sólo en transporte y telecomunicaciones, sino en todos los sectores. En el fondo la intención es clara, el Gobierno quiere mostrar que tiene la buena intención de salvar a la empresa, pero si no expresa claramente cómo opera el marco fiscalizador del Estado, difícilmente cualquier empresa sabrá a qué atenerse incluso en situaciones de salvataje en una crisis.

Hasta podrían pensar que no vale la pena realizar mayor inversión en estas condiciones. Es decir, el Órgano Ejecutivo no muestra la voluntad de salvar los empleos y empujar a una empresa que puede darlos y además ser sana competencia para BoA.


La evolución del conflicto en la aerolínea y la fallida reactivación
En febrero de este año, el Servicio de Impuestos Nacionales inició el cobro de una deuda de 108,7 millones de dólares a AeroSur, para lo que retuvo el 100% de sus ingresos por la venta de pasajes, lo que le dejó sin liquidez.

A raíz de esa situación se conoció públicamente que la empresa tenía otras deudas con impuestos, con los trabajadores, proveedores de servicios, otros acreedores del Estado, entre otros.

La falta de recursos le llevó a suspender paulatinamente sus operaciones a partir de marzo a rutas del exterior, luego hacia el interior. Hace más de un mes que dejó de operar definitivamente.

Para salvar a la empresa del inminente cierre, el empresario estadounidense William Petty ofreció una inversión de 15 millones de dólares.

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