lunes, agosto 30, 2010

Ministerio Público imputa al presidente de AeroSur

Humberto Roca está acusado por el delito de desacato

El Ministerio Público imputó formalmente al presidente de AeroSur, Humberto Antonio Roca Leigue, por la comisión del delito de desacato, en el caso iniciado por las acusaciones sin probar sobre la existencia de hechos de corrupción entre las autoridades del Órgano Ejecutivo.

La denuncia sobre los hechos fue presentada el 1 de junio por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, luego de que el empresario manifestara no presentará pruebas sobre aseveraciones como “nunca hubo tanta corrupción, tanto narcotráfico y tanto contrabando como ahora”, y mencionara que se vigilará que los ministros “no roben”.

Las declaraciones fueron tomadas como acusaciones directas, por lo que se presentó una querella formal en su contra para que sea sometido ante la justicia.

“El señor Humberto Roca Leigue ha manifestado aseveraciones que no las está probando. Por esa razón, estamos presentando una denuncia en contra del señor Roca Leigue por desacato”, aseveró en la oficialización de la demanda la ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo.

La imputación contra Roca fue presentada el 25 de agosto por el fiscal Edward Mollinedo a la jueza segunda de Instrucción en lo Penal, Julia Parra, para que el empresario sea sometido a una audiencia cautelar bajo la posibilidad de que se le aplique la detención domiciliaria, el arraigo y la prohibición de que tenga contacto con los denunciantes o involucrados.

De acuerdo con el documento, la determinación incluye la consideración de que Roca se opuso varias veces a someterse a la investigación de manera pública e incluso movilizó a personas en reiteradas ocasiones con la finalidad de evitar su aprehensión ante la reticencia de prestar su declaración informativa por convocatoria del Ministerio Público en la ciudad de La Paz.

El delito de desacato tiene que ver con injuria y calumnia pública a un servidor público y está establecida, de acuerdo a ley, una sanción de un mes a dos años que se agrava en el 50 por ciento cuando se trata de presidentes, vicepresidentes y ministros de Estado.

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